¿Cuáles son las diferencias entre una ley y un decreto?

El ordenamiento jurídico español es complejo. Para entender las diferencias entre ley y decreto primero es importante entender el sistema en sí.

Revisado y aprobado por el psicólogo Sergio De Dios González.

Escrito por Patricia Grande Yeves

Última actualización: 17 junio, 2019

Las diferencias entre ley y decreto son sutiles y, por lo tanto, pueden ser complicadas de entender. En primer lugar, para llegar al fondo de ambos conceptos hay que hacer referencia a la definición de ley.

En latín, lex es una norma jurídica dictada por el legislador. En cambio, el decreto, término que procede del latín decrētum, se define como la decisión de una autoridad acerca de cierta materia sobre la que tiene competencia.

Es importante tener en cuenta que la naturaleza del decreto varía de acuerdo a cada legislación nacional. En este caso haremos referencia a la presente en el sistema jurídico español.

El sistema español es amplio y complejo. Por una parte, existe una pluralidad de fuentes en sí, de la que forman parte las leyes y los reglamentos. Por otra, contamos con una pluralidad de ordenamientos jurídicos conjuntos, de la que formarían parte las normas estatales y autonómicas, así como las normas nacionales y europeas.

Para entender las diferencias entre ley y decreto es fundamental comprender el funcionamiento del ordenamiento jurídico nacional, cuya base la componen las fuentes del derecho. Es decir, entender de dónde surge la ley.

El ordenamiento jurídico nacional: las leyes

En derecho, uno de los primeros conceptos que se enseñan es la pirámide de Kelsen, que establece un primer orden de las normas basado en el principio de jerarquía.

Así, la Constitución Española (CE) se posiciona como la norma suprema, seguida de las leyes. Al final de la pirámide, se encuentran la costumbre y los principios generales del derecho.

De este modo, las leyes son normas inmediatamente subordinadas a la CE. Estas son aprobadas por el poder legislativo en el Parlamento. Desde el punto de vista del principio de jerarquía, como se ha mencionado anteriormente, todas valdrían lo mismo.

Sin embargo, en España, además del principio de jerarquía, también existe el principio de competencia. En este sentido, habría que hacer referencia a la reserva de ley, que también marca la diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria.

Es importante tener claro que ambas están al mismo nivel en cuanto al principio de jerarquía; valen lo mismo. Se diferencian porque tratan diferentes materias, tienen distintas competencias.

Clasificación de leyes

En primer lugar, las leyes orgánicas son aquellas vinculadas y reservadas a determinadas materias reguladas en el artículo 81 CE. Es decir, se trata de temas determinados que únicamente pueden regularse a través de ley orgánica. Cabe mencionar que son siempre competencia del Estado.

Así, son leyes orgánicas las relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas. También las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la CE. Su elaboración requiere mayoría absoluta. En cambio, las leyes ordinarias se aprueban por el procedimiento habitual y por mayoría simple. Serán aquellas que regulen materias no reservadas por la ley.

Normas gubernamentales con fuerza de ley: decreto ley y decreto legislativo

En primer lugar, habría que hacer referencia al reglamento. Esto es, según el artículo 97 CE, una potestad atribuida al Gobierno del Estado. Es decir, se trata de un poder reconocido al Gobierno y sus miembros de dictar normas jurídicas. El reglamento no puede contradecir a la ley. Si nos fijáramos de nuevo en la pirámide de Kelsen, el reglamento iría por debajo de las leyes y la Constitución. 

Sin embargo, existen unos casos determinados en los que la norma gubernamental adquiere rango de ley. Estos son el caso del decreto legislativo y el del decreto ley. Es decir, el decreto ley y la ley orgánica tienen el mismo rango jerárquico.

Diferencias entre el decreto ley y el decreto legislativo

El decreto legislativo, regulado en el artículo 85 CE, es una delegación legislativa. Es decir, el poder legislativo, previamente, ha debido delegar en el Gobierno su potestad.

Este admite dos variantes. En primer lugar, en referencia a los textos articulados, es decir, articular una ley de bases aprobada por el Parlamento. Y los textos refundidos; supuesto en el que el Gobierno puede refundar varias normas con fuerza de ley en una única norma.

Por otro lado, el decreto ley, regulado en el artículo 86 CE, no es un supuesto de legislación delegada, sino que posibilita que el Gobierno entre en el ámbito de competencia de las Cortes. Es decir, podría aprobar o modificar normas de las Cortes.

Se trata de una excepción del procedimiento ordinario a la participación de las minorías. Por ello, estos casos, a diferencia de las leyes, requieren la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la intervención del Gobierno.